2 de abril 2024 - 14:40

Plebiscito contra la reforma de la seguridad social: PIT-CNT se acerca al umbral de firmas

El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, aseguró que lograrán la "hazaña". Restan menos de 24.000 rúbricas.

El PIT-CNT está a poco más de 23.000 firmas de lograr el plebiscito por la reforma de la seguridad en Uruguay.

El PIT-CNT está a poco más de 23.000 firmas de lograr el plebiscito por la reforma de la seguridad en Uruguay.

Para poder llevar a cabo el plebiscito el 27 de octubre, el PIT-CNT necesita reunir las firmas del 10% del padrón electoral; es decir, un total de 270.000 adhesiones. Lo cierto es que, al menos públicamente, la central sindical nunca dudó de lograr alcanzar esa cifra y, de hecho, esperan superarlo “con creces, con mucha luz”, según expresó su presidente, Marcelo Abdala. En 25 días deben recolectar otras 23.473 adhesiones.

"En el mes de abril vamos a construir la hazaña de pegar el estirón de superar con creces, con mucha luz, las firmas que se necesitan, y así garantizar que el último domingo de octubre el pueblo pueda ir hacia una reforma que convierta la seguridad social en un derecho humano fundamental", dijo Abdala, y contó que el 13 y 14 de abril se harán "jornadas nacionales" de recolección de firmas, más allá de las "barriadas" que se realizan "todos los días".

"Sería una hazaña (llegar a las firmas) porque viene a contrapelo de la decisión del Parlamento. Viene con una militancia espartana, con pocos recursos, con mucho amor", valoró el presidente de la central sindical.

En ese sentido, el dirigente enfatizó que se debe ir hacia "una reforma de la seguridad social sostenible, pero no solo desde lo económico financiero, sino también desde lo social". La propuesta del PIT-CNT establece una reforma constitucional que establezca una edad jubilatoria mínima de 60 años, un haber previsional atado al salario mínimo nacional y la eliminación del ahorro individual, las AFAP y del lucro en el sistema previsional.

Con respecto a los detractores del plebiscito, Abdala consideró que "en vez de fundamentos" hacen una "campaña de atemorizar a la gente que no da resultados y por eso la gente firma".

"Regresiva y temeraria": las críticas de los economistas

Mientras en el PIT-CNT ven el avance de la campaña como una hazaña, desde el gobierno y para varios economistas, la propuesta de la central sindical es un peligro inminente.

En ese sentido, el economista y socio de Exante, Pablo Rosselli, elaboró un resumen de los argumentos detrás del rechazo a la iniciativa de la central sindical, la cual calificó como “una pésima iniciativa, regresiva y temeraria”. Sus críticas se suman así a una larga lista de detractores que incluye, incluso, a la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings.

En un hilo en X —antes Twitter—, el especialista sostuvo que “es una muy mala idea introducir regulaciones de índole legislativa en la Constitución, porque la Constitución es muy difícil de cambiar y debe utilizarse para establecer las grandes reglas del ordenamiento jurídico”.

Rosselli aseguró que “la reforma constitucional es profundamente regresiva”. En primer lugar, porque “son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años de edad”, mientras que “las de menores ingresos deberán trabajar más allá de los 60 años, aunque se apruebe esta reforma.

Otro argumento para sostener la idea de regresividad fue que “actúa en perjuicio de las generaciones más jóvenes, que son quienes más padecen la pobreza y el desempleo y que deberán soportar una mayor presión tributaria” para sostener un sistema previsional ampliado por la edad mínima jubilatoria de 60 años —que la reforma de la seguridad social elevó a 65 años, justamente, para garantizar la sostenibilidad de dicho sistema.

En tercer lugar, Rosselli señaló que, además, “la indexación de las pasividades mínimas al Salario Mínimo Nacional terminará alentando a los futuros gobiernos a rezagar el salario mínimo, como pasaba hasta 2005”.

“La reforma es temeraria porque plantea un fuerte aumento instantáneo del gasto público (suba de pasividades mínimas) y una enorme inseguridad jurídica, no sólo por la confiscación de los ahorros administrados por las AFAPS sino porque también pone en duda la reforma de 1996”, consideró el socio de Exante, que también advirtió: “Si este proyecto de reforma constitucional terminara siendo aprobado, el próximo gobierno deberá gestionar una herencia compleja para las finanzas públicas y deberá dedicar mucho esfuerzo político a encontrar una solución legislativa que cumpla con la Constitución”.

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