Proyecto Arazatí: candidatos de todo el arco político en San José rechazan la obra

Los postulantes a la intendencia firmaron un comunicado en el que se manifiestan contra las condiciones actuales del contrato.

El Proyecto Arazatí sigue generando polémicas en la agenda política.

Captura: Subrayado

Candidatos por la Intendencia de San José de todos los partidos políticos firmaron un documento en conjunto en contra del desarrollo del Proyecto Arazatí debido a las posibles consecuencias que tendría sobre el agua y el ecosistema del lugar, como así también respecto a las condiciones contractuales del proyecto.

El documento fue firmado por seis de los siete candidatos totales por la intendencia, siendo la nacionalista Ana Bentaberri (y quien busca la reelección) la única que se negó a adherir. Entre los firmantes se encuentran María Noel Battaglino (FA), Federico Diana (FA), Ofelia Umpiérrez (FA), Rubén Bacigalupe (PN), Alfredo Lago (PC) y Darío Camilo (UP).

La declaración, publicada por el portal El Zumbido, asegura que los candidatos, más allá de los resultados electorales, muestran su rechazo conjunto al desarrollo del proyecto. Entre las razones se encuentran los efectos ambientales, los costos y el origen del consorcio que se opone a una ley de la Constitución.

Cuidado del ambiente y costos de obra

Basados en estudios y las advertencias por parte de la Universidad de la República (Udelar), el documento especifica algunos de los efectos que tendría el desarrollo en la planta. Entre ellos, se encuentran los períodos de salinidad floraciones y cianobacterias, el riesgo irreversible del acuífero Raigón por la construcción de un pólder, como así también el depósito de lodos posterior al tratamiento de las aguas.

Además, aseguran que se perderían definitivamente las tierras más productivas de todo el país, como así también la perdida de empleo para cientos de trabajadores.

Entre otros de los reclamos, se encuentra que el costo de la obra realizada por empresas privadas, "sería como mínimo 3 veces superior al de la misma obra si fuera realizada por el Estado". Por otro lado, aseguran que "el contrato es nulo por no tener un objeto lítico".

A esto se refieren que la ilicitud está dado por "ser contrario a la norma de orden público contenida en el artículo 47 de la Constitución de la República". El mismo establece que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Postergaciones y desacuerdos

Mientras que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou todo iba viento en popa, con la nueva administración frentista algunas cláusulas del contrato, además de sus graves efectos sobre el ambiente que ya han sido probado por estudios, pusieron un freno a su desarrollo.

De esta manera, hace una semana la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y el consorcio Aguas de Montevideo acordaron suspender el contrato del proyecto Neptuno por un plazo de 90 días con el objetivo de revisar algunos detalles del compromiso asumido por la administración anterior.

Desde Presidencia señalaron a través de los canales oficiales que "el objetivo de esta acción (la suspensión) es garantizar el abastecimiento de agua potable de toda la población, de forma sostenible y con la mayor transparencia institucional", en línea con las fuertes críticas que hizo el Frente Amplio a la cuando la Coalición Republicana firmó el acuerdo in extremis del fin del gobierno.