Proyecto Arazatí: la mayor polémica de la transición vuelve al centro de la negociación

El futuro de la iniciativa será tema central en la reunión del actual secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, con su sucesor, Alejandro Sánchez.

El proyecto Arazatí será tema central en una de las primeras reuniones de transición tras las vacaciones.

Captura: Subrayado

El proyecto Arazatí, uno de los grandes puntos de conflicto en la transición, vuelve al centro del debate con la reanudación de la agenda entre los equipos de gobierno —saliente y entrante— y en medio de los reclamos por falta de información.

Este jueves se reunirán el actual secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, con quien será su sucesor a partir del 1° de marzo, con la asunción de Yamandú Orsi y el gobierno del Frente Amplio (FA): Alejandro “Pacha” Sánchez. El tema central del encuentro será el proyecto Arazatí, por lo que también estará presente el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; así como el designado prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

De esta forma, Arazatí vuelve al centro de la transición tras un par de semanas de tregua, con la intención del gobierno entrante de conocer la decisión de la actual administración sobre el proyecto.

Cabe recordar que, a principios de año, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que la decisión de firmar el proyecto que plantea la construcción de una nueva planta potabilizadora en San José y una toma de agua sobre el Río de la Plata ya estaba tomada. Esto, pese a la pública posición del Frente Amplio respecto de revisar la iniciativa y priorizar la realización del embalse de Casupá.

Por lo tanto, hay expectativa sobre qué puede llegar a resolverse o discutirse en el encuentro que tendrá lugar el jueves entre Sánchez, Ortuño, Díaz y Ferrés al respecto.

El proyecto que dejó asperezas en la transición

La transición marchaba sin grandes inconvenientes, en una etapa quizás prematura, cuando el futuro del proyecto Arazatí comenzó a generar asperezas entre los equipos de gobierno. Con la medida cautelar del juez Alejandro Recarey poniendo en pausa la firma del contrato entre OSE y el consorcio de empresas privadas Aguas de Montevideo, no parecía ser un tema de relevancia; pero la medida fue levantada y, en pocos días, la iniciativa no solo tuvo la luz verde judicial sino también la aprobación del Ministerio de Ambiente.

De esta manera, comenzaron los cruces: desde el actual gobierno primero se mostraron cautelosos con tomar cualquier decisión que implicara la firma de un contrato millonario a pocos meses del cambio de mando; y desde el equipo de Orsi —con el presidente electo a la cabeza— pusieron en duda que fueran a comprometerse con el proyecto.

Esto porque no solo querían revisarlo, sobre todo desde el punto de vista ambiental —con serias dudas respecto a la calidad del agua potable resultante, a partir de factores como la salinidad, el pólder y las cianobacterias—, sino también porque, tal y como está explicitado en las bases programáticas del Frente Amplio, la prioridad del futuro gobierno será Casupá. De todos modos, Orsi aseguró que su gestión honrará los contratos firmados y que una revisión no implicaba, necesariamente, echar para atrás la iniciativa.

Sin embargo, los cruces y cuestionamientos fueron aumentando, y argumentos relacionados al carácter privado de Arazatí —y al deseo de que fuera obra 100% pública por parte del FA— fueron inmiscuyéndose en la discusión. Más aún cuando Ortuño fue designado como futuro ministro de Ambiente, considerando que, desde su antiguo rol como director en OSE, fue de los más críticos al proyecto.

Finalmente, el 6 de enero, el presidente Lacalle Pou aseguró que la decisión de su gobierno —pese a todo lo dicho previamente— era firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora.

"Obviamente, con el gobierno que viene vamos a tratar de ponernos de acuerdo, hay algunos temas que a nosotros nos parecen lógicos que hace tiempo los venimos hablando, si podemos llegar a un acuerdo, mejor", añadió.

Quedará ahora por ver qué postura tomará la futura administración y si, efectivamente, el 1° de marzo asumirá con el contrato del proyecto Arazatí firmado y el compromiso estatal asumido.