"Se deben establecer metas fiscales rigurosas, apuntando a alcanzar superávit primario en el próximo quinquenio", evaluó Miguel Vieytes

El principal asesor de Andrés Ojeda detalló su visión sobre cómo mejorar la competitividad en Uruguay. Analizó el rol del BCU y de las mega-inversiones extranjeras.

El economista Miguel Vieytez, expresidente de Antel y exvicepresidente del BCU, junto al candidato colorado, Andrés Ojeda.

Foto: Equipo Ojeda

Miguel Vieytes, principal asesor del candidato presidencial colorado Andrés Ojeda, detalló, en diálogo con Ámbito, los ajustes que deben realizarse a la gestión económica, con especial énfasis en la regla fiscal y los problemas de competitividad que enfrenta la producción local.

El expresidente de Antel y exvicepresidente del Banco Central fue más categórico que otros expertos al alertar que una aprobación del plebiscito de reforma constitucional del sistema de seguridad social tiene el potencial de “ubicar al Uruguay en la condición de mercado aislado, sin crédito ni inversión internacional”.

La gestión económica del actual gobierno ha sido valorada positivamente por Andrés Ojeda en rasgos generales, ¿Cuáles considera que han sido las debilidades que deben ser corregidas a futuro?

- En materia de gestión estatal hay mucho para hacer, en dos planos: en la revisión de resultados y reformas a la gran maquinaria estatal y su costo, por un lado. Y, por otro, es imprescindible rever el conjunto de regulaciones que, en distintas áreas de competencia, el Estado impone al sector privado generando dificultades, costos y pérdida de tiempo en muchos casos, que impactan en la eficiencia y competitividad de bienes o servicios de producción nacional. También deberá observarse los resultados obtenidos en la gestión de inserción internacional del Uruguay, en materia comercial, de líneas y facilidades de negocios para el sector externo, que requieren un esfuerzo constante del Estado en procura de mejorar el acceso a mercados internacionales.

En los últimos años, Uruguay ha experimentado la llegada o el anuncio de grandes inversiones (UPM 2, planta de hidrógeno verde), ¿considera que es un desafío lograr cierta regularidad en la llegada de inversiones que dinamicen la economía para no depender de megaproyectos, que suelen darse de forma más aislada?

- Sin duda ese es un desafío por delante, en especial para los países de menor tamaño relativo de mercado como el nuestro. Debe tenerse presente que toda inversión extranjera directa, encuentra en el Uruguay condiciones de garantía jurídica, estabilidad política y económica que son necesarias para su asiento y desarrollo en proyectos de largo plazo. Pero también, el afincamiento de toda inversión de alto porte en el país, procurará escalas que el mercado local difícilmente puede ofrecer. Si bien hay posibilidades abiertas en algunos sectores de actividad por dotación factorial, como la energía o la forestación, donde el mercado será el externo, estimo que hoy Uruguay puede ofrecer potencialidad y desarrollo a la inversión en sistemas de información y gestión de base tecnológica e intensivos en capital humano, en donde hay buenas experiencias de calidad y éxito demostrado, que configuran un factor de interés y atracción al capital.

El reclamo de mayor competitividad es un rasgo común en los sectores industrial y agroexportador, muchas veces ligado al tipo de cambio. ¿Qué políticas consideran clave establecer para dar una respuesta a ese pedido?

- El Gobierno ha hecho su principal esfuerzo y logro en mantener condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera. Se debe profundizar el camino señalado en materia de regla fiscal, como lo indica el Consejo Asesor Fiscal, estableciendo metas fiscales rigurosas, por un lado, apuntando a alcanzar superávit primario en el curso del próximo quinquenio; y, por otro lado, lo antes señalado en términos de desregulaciones que afectan al sector privado en su eficiencia y costos. En este orden de prioridades, es imprescindible el aporte activo de los distintos sectores productivos, que nos permita identificar y actuar en consecuencia, en el primer año de gobierno, si nos corresponde la responsabilidad de ello en virtud del resultado electoral.

La mayor competitividad demanda condiciones económico-financieras previsibles, requiere el esfuerzo de más eficiencia de los diferentes integrantes de la cadena de producción, el deber del Estado de generar políticas activas de eficiencia y costos de gestión, así como de revisión de exigencias, procedimientos y afectaciones sobre la producción, y la necesidad de actualizar, adaptar y modernizar las condiciones del factor trabajo a lo específico y diverso de los sistemas de producción y del mercado nacional e internacional.

El fin del monopolio de Ancap ha vuelto a la mesa de la discusión, ¿Cuál es la postura del equipo colorado al respecto?

- No hay posturas dogmáticas al respecto, por el contrario, se considera plausible toda evaluación y medidas de corto o largo plazo que procuren reducir el costo del combustible sobre el consumo, la producción y su impacto sobre la competitividad, incluyendo tanto los mecanismos de gestión asociados como las afectaciones involucradas en su precio. Lejos de posiciones ideológicas preconcebidas, solo será conveniente actuar con parámetros de racionalidad y factibilidad financiera y fiscal, para lograr el menor costo, en el margen de control e incidencia nacional sobre un precio dado.

Teniendo en cuenta su experiencia personal, ¿qué evaluación hace del papel que jugó el BCU en el control de la inflación? ¿Coincide con las voces que reclaman una independencia total del Banco Central del gobierno de turno como ocurre en otros países?

- Estimo que el BCU ha cumplido con su mandato legal y principal cometido, en la preservación del valor de la moneda. Hubo en esta administración, un conjunto de decisiones y acciones de la autoridad monetaria que resultaron cuestionadas en diferentes momentos del ciclo. Personalmente, creo que el BCU tiene la independencia legal y técnica suficiente como para ejercer sus competencias. Ello sin perjuicio de la necesaria coparticipación o coordinación en las que debe actuar.

Por último, el plebiscito del PIT-CNT sobre reforma de la seguridad social y sus efectos dominan la agenda política y económica. ¿Qué tipo de escenario de contingencia ve necesario en caso de que se apruebe?

- Sería muy aventurado proyectar un escenario de contingencia, sobre una propuesta que dinamita las bases de estabilidad y previsibilidad de nuestra economía, con un impacto en cadena de difícil reversión en el corto plazo. No es comparable con la crisis que vivió el país en 2002/2003, de orden financiero, pero de ajuste temporal. Cambiar las reglas de juego existentes, provocando un desfinanciamiento del sistema a corto y largo plazo y quebrando las garantías de ahorristas individuales en masa e inversores institucionales que posibilitan el desarrollo del país, es un escenario de tipo catástrofe y de alta desinserción internacional, que puede ubicar al país en la condición de mercado aislado, sin crédito ni inversión internacional.