El gobierno firmó el contrato por el proyecto Arazatí pese a no haber llegado a un acuerdo con el equipo de la administración entrante, en medio de una de las polémicas más grandes de la transición: continuar o no con la construcción de la planta potabilizadora en San José en las actuales condiciones de la iniciativa.
Se firmó el contrato por Arazatí: las 5 claves del cuestionado proyecto
El Poder Ejecutivo avanzó con la firma del contrato a través de OSE con el consorcio Aguas de Montevideo, pese a los cuestionamientos desde el gobierno entrante.
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La firma del proyecto Arazatí "limitaría el diálogo" en el gobierno del Frente Amplio, advirtió Edgardo Ortuño
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Proyecto Arazatí: el Frente Amplio espera alcanzar "máximos acuerdos" previo a la asunción presidencial
El gobierno firmará el contrato para la construcción del proyecto Arazatí.
El Poder Ejecutivo presentó algunas modificaciones al proyecto Arazatí, a pedido del gobierno electo. Sin embargo, según el designado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, la nueva propuesta no representa “una modificación sustancial ni levanta el grueso de los cuestionamientos". De hecho, ni siquiera habría sido por escrito. Ante esto, el exdirector de OSE advirtió que la firma del contrato "limitaría el diálogo" en la transición.
De todas maneras, el gobierno ya saliente selló el inicio de lo que consideran una de las iniciativas más importantes y fundamentales para el país, en una reunión que estuvo encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou.
¿Qué propone el proyecto?
El proyecto Arazatí, también conocido como Neptuno, plantea la construcción de una nueva planta potabilizadora en el departamento de San José, en la localidad que lleva el mismo nombre que la iniciativa. Fue anunciado en noviembre de 2022 por el presidente Lacalle Pou como la inversión en infraestructura para agua potable más grande en la historia del país, con un costo estimado inicial del Estado de 288,7 millones de dólares que, luego, fueron reducido a 210 millones de dólares —y, más adelante, establecidos en 250 millones de dólares.
El objetivo es garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana —actualmente abastecida a partir de la planta que OSE tiene en Aguas Corrientes— para 2045, estimado en 840.000 metros cúbicos diarios, con una capacidad de producción de 169.000 metros cúbicos por día, a partir de una toma de agua en el Río de la Plata; un pólder para la reserva de agua dulce que se utilizará en aquellos momentos en que la salinidad sea superior a la permitida —con una capacidad de 4,0 hectómetros cúbicos y un almacenaje para 25 días.
La obra, que se presentó como clave para el área metropolitana, adquirió un nuevo grado de necesidad y urgencia luego de la histórica sequía que afectó al país en 2023 y la crisis del agua consecuente, que dejó las reservas hídricas de Paso Severino y del río Santa Lucía en mínimos históricos.
Inversión privada
El esquema original del proyecto ya planteaba una licitación para la construcción de la planta en manos de empresas privadas —calculada en dos años y medio— y que, una vez operativa, fuera OSE la encargada de su funcionamiento, mientras que las compañías quedarían al frente de su mantenimiento. De esta manera, la iniciativa previó un gasto total de 800 millones de dólares, de los cuales 250 millones serán financiados por el socio privado adjudicatario; mientras que el ente estatal tendrá que pagar un canon de más de 45 millones de dólares anuales por 17 años y 6 meses.
En agosto de 2023, Arazatí fue adjudicado al consorcio Aguas de Montevideo, conformado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast.
El gobierno, sin embargo, recurrió también a otras fuentes de financiamiento: emitió el Fondo de Deuda para Infraestructura V por 300 millones de dólares, gestionado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la construcción de la nueva planta potabilizadora. La demanda duplicó la oferta de 2.000 millones de Unidades Indexadas (UI) que tuvo lugar a fines de febrero de 2024, a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).
Las críticas del Frente Amplio
Desde el anuncio del proyecto, los críticos más férreos al proyecto Arazatí estuvieron en las filas del Frente Amplio (FA), y uno de ellos fue Ortuño, quien entonces integraba el directorio de OSE en representación de la oposición. La gestión privada de la obra fue una de los aspectos cuestionados, principalmente por lo que el funcionario señaló como el causante de un sobrecosto de 300 millones de dólares respecto de la alternativa de que fuera la misma empresa pública de agua la que llevara a cabo la iniciativa.
Otro aspecto criticado ya entonces fue el pólder o laguna artificial, que modificaría "escorrentías superficiales y el régimen hidráulico de cursos de agua", lo cual desencadenaría en "erosiones" de suelo y la potencial "contaminación" de aguas subterráneas, entre otros problemas; todos puntos señalados en un informe elaborado por la consultora CSI Ingenieros a mediados del 2023.
A su vez, se constató que la obra requerirá de la expropiación de unas 250 hectáreas, y que las tuberías deberán pasar por unos 114 padrones, en una zona de producción agro-forestal, ocasionando un "impacto socioeconómico sobre la población" del lugar.
Estas críticas fueron parcialmente retomadas por el gobierno electo de Yamandú Orsi, quien sostuvo que el proyecto debería ser revisado; sobre todo respecto de cuestiones relacionadas al pólder y a la calidad de agua resultante de la eventual nueva planta.
El freno judicial y la luz verde ambiental
En junio de 2024, el juez Alejandro Recarey ordenó a OSE no firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí ante las "bases" que permitieron suponer la presencia de un proceso de privatización parcial del suministro del agua potable para la zona metropolitana.
Esto ocurrió cuando dio lugar a una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucu-Tucu para frenar el proyecto, en tanto señalaron una posible privatización del servicio de agua corriente y una pérdida en la calidad de la misma.
La sentencia inició un período de múltiples idas y vueltas a nivel judicial entre los actores involucrados que culminó el 20 de noviembre pasado, cuando el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno resolvió revocar la cautelar que mantenía paralizado el proyecto.
Casi en paralelo, a los pocos días, el Ministerio de Ambiente también le otorgó a la iniciativa su luz verde: emitió la Autorización Ambiental Previa (AAP).
Las polémicas de la transición
De forma inesperada, el proyecto Arazatí se convirtió en uno de los aspectos más tensos en el período de transición entre los gobiernos entrante y saliente. Habiendo obtenido los permisos con los resultados de las elecciones ya definitivos sobre la mesa, el actual Ejecutivo había mostrado mesura en un primer lugar respecto de firmar el contrato por una obra millonaria que debería encarar una próxima administración; sobre todo, considerando que el Frente Amplio ya había especificado que la nueva planta no sería su prioridad, sino que concentraría sus esfuerzos inmediatos en la construcción del embalse de Casupá.
Sin embargo, con el pasar de los días, la polémica fue creciendo ante la posibilidad de que Orsi descartara el proyecto —algo que, aclaró, no sería así, sino que la iniciativa sería sometida a revisión o corrección—; y de que el gobierno actual firmara de todos modos el compromiso de inversión —situación que confirmó el mismo presidente Lacalle Pou y que, finalmente, tuvo lugar hoy.
Días atrás, parecía que ambas partes habían llegado a un acuerdo respecto de trabajar sobre los puntos más cuestionados por el gobierno entrante. Sin embargo, el avance de la firma pese a que todavía hay reparos firmes desde el Frente Amplio iría en sentido contrario a culminar una transición de manera pacífica.
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