El gobierno de Yamandú Orsicomenzó con un énfasis revisionista, deseando dar marcha atrás con algunas de las iniciativas clave de la administración de Luis Lacalle Pou, en temas que involucran desde la inversión privada hasta el rol internacional del Uruguay.
Un tono revisionista marca el inicio de la gestión de Yamandú Orsi
El presidente había afirmado que llegaba “con un espíritu refundacional”, pero los primeros días de gobierno se destacan más la búsqueda de diferencias con la administración anterior que por un tono propositivo.
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El Frente Amplio pide "revisar las condiciones" sobre el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos
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El gobierno evalúa modificar el esquema de fijación de precios de los combustibles

El gobierno de Yamandú Orsi comenzó con un tono revisionista sobre la gestión de Luis Lacalle Pou.
Si bien Orsi advirtió que no llegaba al poder “con un espíritu refundacional”, los primeros 20 días de gestión se destacan más por la búsqueda de diferencias con lo que hizo el ejecutivo de la Coalición Republicana que por un tono propositivo.
El cambio de rumbo con el proyecto Arazatí
Uno de los temas que grafica esa situación es el proyecto Arazatí, cuyo contrato fue firmado por Lacalle Pou a mediados de enero y el gobierno del Frente Amplio (FA) ya comenzó a realizar gestiones para renegociar las condiciones.
A pesar de que la posibilidad de un cambio de planes no fue rechazada de plano por los empresarios a cargo de la obra, esa situación implica un foco de tensión con el consorcio Aguas de Montevideo, conformado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast, al que le fue adjudicada la iniciativa en agosto de 2023.
El consenso sobre las modificaciones con los empresarios será fundamental para evitar consecuencias en la reputación sobre la institucionalidad uruguaya e, incluso, en el contrato está prevista una rescisión por “mutuo acuerdo”, aunque explorar esa posibilidad podría empeorar el escenario y traer, además, problemas legales.
La participación estatal en el proyecto de hidrógeno verde
Algo similar ocurre con el proyecto de HIF Global para construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú, que se materializará a partir de una inversión récord de hasta 6.000 millones de dólares.
El gobierno anterior selló el acuerdo en diciembre pasado, tras arduas negociaciones que comenzaron en junio de 2023. En el contrato, la administración saliente desistió de la participación de Ancap por considerar que es una “inversión de riesgo” para el Estado, por la incertidumbre que genera la futura comercialización de hidrógeno verde.
No obstante, Orsi se apresta a renegociar con la empresa chilena para que Ancap sea parte del negocio. “Queremos participar. Nos parece que nuestras empresas públicas tienen que formar parte de este cambio de la matriz energética", señaló sobre la búsqueda oficialista el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
El ajuste mensual de los combustibles, en la mira
Otro de los temas en el listado de revisión es el ajuste mensual en los combustibles, muy bien valorado por economistas. El gobierno pretende que la actualización sea, por lo menos bimestral. “Entendemos que el margen que nos da la normativa vigente, lo que se cambió con la LUC, nos permite cambiar de un mes a dos”, anticipó la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona.
Durante la campaña, el excandidato Álvaro Delgado aseguró que el actual esquema de Precios de Paridad de Importación (PPI) que elabora mensualmente Ursea evitó sobreprecios por 907 millones de dólares, pero el propio Orsi se manifestó en contra.
"No me convence mucho que esto sea mes a mes porque genera mucha incertidumbre. A mí me gusta la certeza que alguien que invierte sepa que dentro de tres, cuatro meses, la realidad va a ser esa", sostuvo el presidente antes de asumir, aunque ahora se habla de modificaciones cada dos meses.
El régimen de licencias y la presión sindical
Por otra parte, la actual administración tiene en mente dar marcha atrás con el régimen de licencias médicas para empleados públicos, que fue establecido hace un año por medio de un ámbito de conciliación con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
Sin embargo, COFE manifestó su rechazo a los nuevos controles sobre los permisos, con un nuevo esquema que puso un límite de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año (de forma alternada o consecutiva), con un subsidio equivalente al 75% o 100% del salario a partir del décimo día.
Al respecto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, ya anticipó que se va a “discutir de forma seria” el esquema, basándose en una recomendación que dio la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El polémico cambio de postura sobre Venezuela
En el plano internacional, uno de los cambios más resonantes se dio con el cambio de postura sobre la situación política en Venezuela, con la gestión del FA dejando de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo.
"No reconocemos ni a (Nicolás) Maduro ni al presidente que afirmó haber triunfado según las actas que mostró en internet", sostuvo el canciller Mario Lubetkin, aunque recientemente aseguró: "Tenemos relaciones a un muy alto nivel tanto con la oposición como con el gobierno”, en referencia al régimen chavista.
Es un claro contraste con la posición de Lacalle Pou, quien condenó enfática y sostenidamente al régimen de Maduro, al que calificó varias veces como “dictadura”, siendo uno de los primeros en reconocer como ganador a González Urrutia en las elecciones del año pasado.
Esta modificación puede ser parte de un alineamiento regional del gobierno con Brasil y México, pero también le abre un flanco de críticas en el frente interno y puede resentir la reputación internacional de Uruguay, al observar las pocas simpatías que cosecha Maduro a nivel global.
Pedido de revisión del acuerdo de cooperación con Estados Unidos
A esta larga lista de desencuentros se sumó en las últimas horas el pedido del FA en el Parlamento de revisar las condiciones" sobre el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, una iniciativa clave en la relación bilateral.
Si bien el oficialismo aprobó la solicitud del ingreso de una delegación de 10 efectivos de las Fuerzas Especiales de EE.UU que llegará en las próximas semanas, esta solicitud de examinar los detalles puede ser un foco de conflicto en la relación con uno de los principales socios comerciales del país.
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